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Otros gobiernos han firmado acuerdos, pero todavía no han recibido migrantes, mientras Washington negocia convenios adicionales, entre ellos uno con Uruguay que hasta ahora no ha sido concluido.
El rápido crecimiento del programa abre, además, un interrogante para Colombia tras la llegada al poder del presidente Abelardo de la Espriella, cuyo gobierno ha adoptado una línea mucho más dura frente a la inmigración irregular y mantiene una marcada cercanía política con la administración Trump.
Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: efe
Hasta ahora no hay evidencia pública de que Washington y Bogotá estén negociando un acuerdo para recibir deportados de terceros países. Pero Colombia sobresale como una de las grandes excepciones regionales, en un momento en que EE. UU. ha logrado incorporar al esquema a buena parte del continente.
Los 18 países de América Latina y el Caribe que aparecen actualmente en el mapa de Third Country Deportation Watch son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.
Fuera del continente aparecen acuerdos o arreglos con países tan diversos como Burundi, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Ghana, Liberia, Ruanda, Sierra Leona, Sudán del Sur, Uganda, Palau, Uzbekistán, Kosovo y Moldavia.
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No todos los convenios funcionan de la misma manera. Algunos permiten que EE. UU. envíe migrantes a otro país para que allí soliciten asilo. Otros contemplan una estadía temporal antes de que la persona sea enviada de nuevo a su país de origen. Y algunos han incluido la detención de los deportados en cárceles o instalaciones especiales mientras se determina qué hacer con ellos.
En El Salvador, Esuatini y Sudán del Sur, por ejemplo, se utilizan instalaciones de detención. En países como Costa Rica, Panamá, Ghana, Camerún, Sierra Leona y Guinea Ecuatorial, los acuerdos sirven principalmente como estaciones intermedias antes de una eventual repatriación.
Solo entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025, México recibió al menos 12.983 personas. Foto: iStock
México constituye, por mucho, el principal destino.
Según el tracker, cerca de 20.000 ciudadanos de terceros países fueron enviados desde Estados Unidos a México entre enero de 2025 y mediados de agosto de este año.
Los datos obtenidos de las autoridades mexicanas permiten, además, observar quiénes son muchos de ellos.
Solo entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025, México recibió al menos 12.983 personas que no eran mexicanas, entre ellas 3.753 cubanos, 3.568 venezolanos, 2.840 guatemaltecos, 1.081 hondureños, 767 salvadoreños, 694 nicaragüenses y 222 haitianos.
Entre enero y mediados de junio de 2026 llegaron otros 5.504, principalmente cubanos y venezolanos.
Pero la política se ha extendido mucho más allá de los vecinos inmediatos de Estados Unidos.
Entre junio y mediados de agosto, según Human Rights First y Refugees International, la administración realizó 33 vuelos con ciudadanos de terceros países hacia 12 naciones, incluidos los primeros traslados a República Centroafricana, Belice y Dominica y nuevos vuelos hacia Costa Rica, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Ghana, Moldavia, Panamá, Paraguay y Sierra Leona.
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Y el ritmo continúa.
La semana pasada, Esuatini confirmó la llegada de dos nuevos deportados procedentes de América Latina. Más de 30 personas ya han sido enviadas a ese pequeño reino africano, entre ellas ciudadanos de Vietnam, Yemen, Cuba, Jamaica, Laos, Camboya, Chad, Etiopía, Haití, Filipinas, Somalia, Tanzania y Sudán.
Liberia, por su parte, acaba de poner en marcha uno de los acuerdos más ambiciosos.
El país africano aceptó recibir hasta 1.200 deportados durante un año. El primer vuelo, con 20 personas, llegó el 20 de agosto. De acuerdo con funcionarios liberianos, buena parte de ese grupo estaba compuesto por ciudadanos latinoamericanos, incluidos venezolanos y cubanos.
Millones de dólares y otras presiones: así consigue Washington nuevos acuerdos migratorios
EE. UU. destinó US$5 millones para fortalecer el sistema migratorio de Liberia, aunque Monrovia sostiene que el dinero no constituye un pago directo por cada persona recibida.
Ese tipo de incentivos se ha convertido en uno de los elementos más controvertidos del programa.
Third Country Deportation Watch calcula actualmente que Washington ha comprometido más de US$49 millones en financiamiento directo relacionado con estos acuerdos, sin incluir los costos de los vuelos.
Entre los casos conocidos figuran US$7,5 millones entregados a Guinea Ecuatorial y US$5,1 millones vinculados al acuerdo con Esuatini.
Las organizaciones que monitorean el programa sostienen, además, que Washington ha utilizado otras herramientas de presión o negociación, desde amenazas de restricciones de visas y aranceles hasta promesas de cooperación en materia de seguridad, inversiones y asistencia económica.
La semana pasada, Esuatini confirmó la llegada de nuevos deportados procedentes de América Latina. Foto: X: @CancilleriaCol
El gobierno Trump defiende los traslados como una herramienta necesaria para ejecutar órdenes de deportación cuando los países de origen no aceptan a sus ciudadanos o cuando existen impedimentos legales para devolverlos directamente.
Pero precisamente allí radica una de las mayores controversias.
Algunas de las personas enviadas a terceros países cuentan con órdenes judiciales que impiden deportarlas a sus países de origen porque jueces de inmigración estadounidenses determinaron que podrían sufrir persecución o tortura.
En esos casos, EE. UU. sostiene que puede enviarlas a otro país donde no exista ese riesgo. Lo que sucede después no siempre está bajo su control.
La falta de transparencia aumenta las dudas sobre los acuerdos de deportación
Uno de los casos documentados por Human Rights First es el de una mujer nigeriana identificada únicamente como S., quien llegó al país en 2001 y obtuvo una protección conocida como “withholding of removal” después de que un juez concluyera que podía ser perseguida si regresaba a Nigeria.
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S. vivió durante unos 25 años en EE. UU., donde tiene cuatro hijos ciudadanos estadounidenses y un esposo discapacitado.
En julio acudió a una cita rutinaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Los Ángeles. Allí fue detenida y posteriormente enviada a Ghana.
Menos de 24 horas después de su llegada, según las organizaciones que documentaron su caso, las autoridades ghanesas la enviaron a Nigeria, precisamente al país al que se le tenía prohibido deportarla.
Un caso similar involucró a una mujer de 28 años, originaria de Togo, que había huido por temor a ser sometida a mutilación genital femenina. Aunque una decisión judicial impedía que Estados Unidos la deportara directamente a Togo, fue trasladada a Ghana. Dos semanas después, las autoridades de ese país la dejaron en la frontera togolesa.
Otro caso es el de Khadija, una mujer de Ghana que huyó debido a su orientación sexual. Un juez estadounidense reconoció que calificaba como refugiada y le concedió protección contra la deportación a Ghana. Sin embargo, en enero de este año fue enviada a Camerún, otro país en el que las relaciones entre personas del mismo sexo están criminalizadas. Según Third Country Deportation Watch, permanecía allí meses después, en situación de inseguridad y sin una solución permanente.
Deportaciones de Estados Unidos a Venezuela. Foto: ice.gov
Y hace pocos días volvió a quedar expuesta la complejidad del sistema.
Seis deportados -cuatro cubanos, un brasileño y una camerunesa- se negaron a bajar de un avión estadounidense que había aterrizado en Liberia porque aseguraban que no tenían relación alguna con ese país y temían permanecer allí.
Finalmente, fueron trasladados a Guinea Ecuatorial.
De acuerdo con un reporte de Associated Press, algunos llegaron encadenados y uno de ellos necesitaba atención médica debido a una colostomía. Fueron recluidos en un hotel convertido en centro de detención mientras se resolvía su situación.
La administración también está utilizando otra modalidad, los llamados Asylum Cooperative Agreements, para cerrar casos de asilo sin determinar primero si el solicitante enfrenta realmente persecución en su país.
Según el análisis de datos judiciales recopilados por Mobile Pathways y citado por Third Country Deportation Watch, más de 30.000 solicitudes de asilo habían sido “pretermitted”, es decir, terminadas sin un análisis completo de sus méritos, mediante acuerdos con países como Belice, Ecuador, Guatemala, Honduras y Uganda.
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Sin embargo, solo entre 200 y 300 personas habrían sido trasladadas efectivamente bajo esos convenios. El resto permanece en Estados Unidos, en muchos casos con órdenes de expulsión a un tercer país y con dificultades para mantener sus permisos de trabajo o continuar sus procesos migratorios.
La legalidad de todo el esquema sigue siendo objeto de disputas en los tribunales.
¿Puede Estados Unidos deportar migrantes a terceros países sin garantizar que estarán a salvo?
La administración sostiene que la legislación migratoria le permite deportar a determinadas personas a terceros países. Organizaciones de derechos humanos argumentan, en cambio, que, antes de hacerlo, debe garantizarles una oportunidad efectiva para demostrar que también podrían enfrentar persecución o tortura en ese nuevo destino.
Varios jueces federales han restringido partes de la política, aunque algunas decisiones han sido suspendidas mientras avanzan las apelaciones.
A ello se suma la falta de transparencia.
Human Rights First y Refugees International sostienen que varios de los acuerdos siguen sin hacerse públicos, pese a que la legislación estadounidense exige que los acuerdos internacionales sean transmitidos al Congreso dentro de plazos determinados.
Entre los textos que, según las organizaciones, aún no habían sido divulgados estaban los correspondientes a Bahamas, República Centroafricana, República Dominicana, Ghana, Jamaica, México, Moldavia, Santa Lucía y Uzbekistán.
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Mientras tanto, Washington continúa buscando nuevos socios.
Uruguay se encuentra negociando un acuerdo, aunque la propuesta ha generado oposición política y cuestionamientos por parte de organizaciones civiles en ese país. Bahamas y San Vicente y las Granadinas inicialmente rechazaron las propuestas estadounidenses, pero posteriormente continuaron las conversaciones sobre posibles arreglos.
Colombia, hasta ahora, no figura entre ellos.
Pero con 18 países de América Latina y el Caribe ya incorporados a alguna modalidad del programa, una administración Trump interesada en ampliar la red y un nuevo gobierno colombiano que ha hecho del endurecimiento de la política migratoria una de sus primeras banderas, la posibilidad de que Washington plantee el tema a Bogotá será ahora una cuestión a observar.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington @sergom68
